Con el objetivo de asegurar que los usuarios paguen 15 pesos por los servicios que prestan los taxis de ruta, el Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS) se encuentra implantando operativos de inspección y sancionando a los taxistas que hayan incrementado arbitrariamente el costo de su servicio, con lo que se sigue la encomienda de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Avila Olmeda, de proteger los derechos de los usuarios del transporte público en la entidad.

En un operativo que tuvo lugar en Mexicali, se realizaron 11 infracciones por este motivo, lo que generó confianza entre los pasajeros, de que el Gobierno del Estado cumple con su responsabilidad.

Así lo informó el Director General de este organismo paraestatal, Jorge Alberto Gutiérrez Topete, quien explicó que en días pasados se recibió la solicitud de permisionarios de taxi, que plantean la necesidad de una actualización de tarifa, pero tal incremento no ha sido autorizado por IMOS.

“Nos reunimos con permisionarios de taxi de ruta hace un par de semanas y recibimos su planteamiento. Nos encontramos haciendo el análisis técnico y viendo los mecanismos de actualización, pero no se ha autorizado un aumento y diariamente nos siguen llegando quejas de usuarios sobre este tema, así que nos vemos en la necesidad de imponer sanciones” dijo el funcionario estatal.

Informó que la infracción por cobrar una tarifa no autorizada es de 35 UMAS, lo que actualmente se traduce en tres mil 149 pesos.

“Esperamos continuar el diálogo con ellos sobre su solicitud de actualización. Sabemos que han enfrentado un panorama difícil durante la pandemia y que estuvieron cubriendo rutas que el transporte masivo había abandonado, pero ya estamos platicando con los concesionarios para la reactivación de rutas y también debemos vigilar que no se le cobre al usuario una tarifa que no está autorizada” subrayó.

Finalmente, Gutiérrez Topete destacó que para la Gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, la movilidad es un tema integral y de desarrollo de ciudad, por lo que se proyectan estudios y análisis serios sobre el transporte público y otros esquemas de movilidad, en los que esperan integrar a los permisionarios y concesionarios, pues es labor de todos lograr una movilidad en la que se prioricen las necesidades de las personas y diversos medios de desplazamiento.